La falta de inversión pública, el retraso en la ejecución de proyectos y las pérdidas por mala gestión se unen a un consumo exagerado y a los fenómenos climáticos para dar un resultado: menos agua para todos. Así comenzará el programa de racionamiento para la región capital
Cuando llueve, Reina Pérez siente alivio.
Recoge cada gota en recipientes de plástico que luego administra como una beduina del Sahara. Está lejos de serlo porque vive a pocos minutos de Caracas, en el sector Las Torres de El Junquito. En esa comunidad no hay acueducto y por eso libra una guerra cotidiana cuando quiere calmar la sed, cocinar o lavar.
Su arsenal sólo se compone de envases y de una noción de economía que no admite desperdicio de agua.
Muy cerca de su casa hay un manantial sin nombre propio lo llama “el chorrito” donde se provee cuando no cae un temporal o cuando falla un camión cisterna con horarios caprichosos. Pérez tiene el cabello canoso y las arrugas hablan de sus 65 años de edad: “Tengo 22 años aquí cargando agua igualito”. Vive en racionamiento: nada cambiará mañana cuando se inicie un plan de restricción del servicio en las zonas de Caracas, Vargas y Miranda con suministro continuo.
El caso de Pérez, que espera desde hace dos décadas por la construcción de un tanque y la instalación de una tubería para sacar agua de un pozo de la comunidad, es una imagen a escala de los problemas de los servicios de agua potable. El Niño y la sequía que exprimió el embalse de Lagartijo uno de los tres grandes que surte la capital junto con Camatagua y Taguaza agravó un cuadro que ya preocupaba a los expertos debido a los retardos en la ejecución de obras, las fallas de mantenimiento de las redes existentes y los rezagos tarifarios que estimulan el derroche en el consumo y merman las finanzas y los planes de inversión de las empresas hidrológicas estatales. En ese cuadro, la alarma se activó en la región capital.
Arnaldo Gabaldón, quien fue titular del antiguo Ministerio de Obras Públicas, piensa que el sector ha sido desasistido y apenas comienzan a aparecer las consecuencias: “La falta de previsión también nos llevó a este racionamiento, que se impone sobre otro que ya existe de hecho en muchas partes de Caracas y el país”. No es la misma versión del presidente Hugo Chávez, quien recomendó a los venezolanos bañarse en tres minutos y usar taparas en lugar de duchas y acusó a los ricos de robar el agua de los pobres para llenar piscinas y regar el césped. “Lo quieren hacer ver así, pero el asunto es más complejo”, insiste el ex ministro.
Gabaldón señala que la vulnerabilidad de la región capital frente a los fenómenos climáticos es mayor por la ausencia de una gran obra: la represa del río Cuira y el sistema Tuy IV. “No se ha terminado en 10 años a pesar de que Caracas sigue creciendo y dispone de las mismas fuentes. Todos los grandes embalses para surtir la capital se construyeron antes de 1999″.
Ángela González, quien escribió el Informe Nacional sobre Gestión de Recursos Hídricos en el año 2000 por solicitud de la Comisión Económica para América Latina, no tiene dudas al respecto cuando se refiere a las tareas prioritarias que debe afrontar el sector para el futuro: “El aumento de la capacidad de almacenamiento es un tema básico vistos los problemas que pueden avecinarse por los cambios climáticos”.
La lentitud en el desarrollo de la represa de Cuira contrasta con los ejemplos del pasado. El último gran embalse para Caracas, el de Taguaza, fue prácticamente dejado al olvido en 1986.
Pero luego se construyó prácticamente en su totalidad entre 1994 y 1997, durante el gobierno del presidente Rafael Caldera, en una época de “vacas flacas” en las que el petróleo llegó a cotizarse a 9 dólares el barril, un escenario fiscal muy distinto del que ha tenido consigo el gobierno de Chávez. “Cuando fui ministro, entre 1974 y 1979, levantamos la represa de El Guapo en 2 años. Tardaron casi 9 años en repararla después del desbordamiento de 1999. Eso llama la atención”, dice Gabaldón.
Desde hace 40 años, los planificadores del sector llegaron a la conclusión de que el río Cuira debía ser represado. Hace 10 años ya existían proyectos para las obras. Pero se encuentran retrasadas, según la última memoria y cuenta de Hidrocapital, porque se decidió cambiar el lugar original de la construcción y por “falta de recursos adicionales”. La represa se calcula que tendría potencial para aportar 12.000 litros de agua por segundo y que podría atender la demanda capitalina por los próximos 20 años no sólo servirá como un refuerzo para el suministro, sino que además permitirá liberar cuotas adicionales de Camatagua para cubrir las necesidades de riego en Aragua y Guárico, cuyos productores se quejan hoy por la caída de la actividad agrícola ante la sequía.
Desperdiciada. Uno de los problemas centrales de las redes capitalinas es la pérdida del agua que circula en las tuberías. Mario Dubois, profesor de la Universidad Central de Venezuela, afirma que puede oscilar entre 30% y 40% del total: “Si debiera escoger una prioridad, no dudaría en decir que es ésa”. Piensa que antes de ingresar mayor volumen en el sistema, se debe garantizar la eficiencia de la distribución con adecuados programas de mantenimiento de las redes: opina que los 18.500 litros por segundo que aportan los sistemas Tuy I, II y III son suficientes para atender la demanda de la región capital.
“Cada año hay que cambiar 2% de las tuberías. Así consigues la renovación total cada 50 años. Caracas todavía está lejos de esa meta”.
Una segunda prioridad es la aplicación de sistemas de detección de fugas. “Todos los acueductos del mundo pierden agua, pero hay países como Alemania donde se minimizan a menos de 5%”, dice Dubois.
Gabaldón coloca sobre la mesa un ejemplo extremo: “En Israel, por ejemplo, tienen pocas fuentes de agua, pero el consumo y la distribución están milimétricamente controlados para que no existan desperdicios”.
Las pérdidas también están asociadas a la urbanización descontrolada, que en el país se ha agravado en los últimos años debido a las invasiones.
Proliferan conexiones informales. En la estadística también se incluye el agua que se entrega sin medición ni gestión de cobro a sectores que tradicionalmente la han recibido así.
En Hidrocapital, durante la década de los noventa, entró en operación una red de 50 pozos subterráneos para aprovechar el modesto aporte de acuíferos que podían ser la salvación en casos de emergencia. Se pusieron a funcionar en puntos estratégicos como hospitales y en los lugares donde pasaba mayor cantidad de agua subterránea, especialmente en los alrededores del río Valle. Fuentes del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables aseguran que la mayoría quedó inoperativo con el tiempo, y que se evalúa reactivarlos.
Inversiones. Las filiales de Hidroven, en las memorias y cuenta de 2007 y 2008, dejaron constancia de las dificultades que afrontaban por la congelación de las tarifas desde hace 4 años y por la disminución de los recursos propios para encarar proyectos y acciones urgentes, como la sustitución de equipos.
El documento presentado por Hidrocapital señalaba, por ejemplo, que la meta de incremento de la cobertura de agua potable del año pasado no se cumplió, entre otras razones, por los retrasos para recibir equipos y materiales importados. Se reportaba, además, un avance físico de sólo 17% en los trabajos de ampliación de la infraestructura de suministro para el Distrito Capital, Vargas y Miranda y de 39% en la rehabilitación de sistemas que tenían mejoras pendientes. Sólo hoy, por ejemplo, se promociona que el pueblo de El Junquito pondrá fin a 20 años de sequía por la construcción de un nuevo acueducto: su falta se traduce en situaciones paradójicas, como el hecho de que la estación de bomberos local carece de un hidrante con suministro.
“Imagínate, si tenemos una emergencia, qué podemos hacer”, dijo un funcionario.
González se basa en la memoria y cuenta de Hidroven de 2007 y 2008 para llegar a una conclusión: la inversión en obras fue de 234,7 millones de dólares cada año. Pero los montos le parecen insuficientes a la experta. De acuerdo con sus cálculos, se requieren por lo menos 317 millones de dólares anuales para atender exclusivamente el crecimiento vegetativo de la población. “El porcentaje de avance físico de las obras fue de 46% en 2007 y 15% en 2008. ¿Qué lectura podemos dar a esto?”, se pregunta. Una entrevista fue solicitada con tres semanas de anticipación a la publicación de este trabajo a Cristóbal Francisco, presidente de Hidroven y viceministro de Aguas, para plantearle esos y otros interrogantes: prometió concederla el próximo martes.
Hidroven, sin embargo, puede presentar entre sus logros los adelantos del nuevo sistema de acueductos Luisa Cáceres de Arismendi para Nueva Esparta y la creación de 6.000 mesas técnicas de agua, en las que las comunidades se incorporan en la solución de sus demandas: se calcula que bajo esta modalidad más de 1,4 millones de personas se han beneficiado. Del total, 682.000 tuvieron acceso al agua potable por primera vez. Igualmente, se concluyó la rehabilitación de los sistemas de agua y saneamiento de Sucre, Cojedes, Anzoátegui y Aragua.
Las tarifas menos de un dólar a tasa oficial por cada mil litros y la ausencia de campañas permanentes de consumo responsable inciden en que los venezolanos sean derrochadores. Los datos oficiales indican, por ejemplo, que en Caracas se consumen 400 litros diarios por persona. Es 5 veces más que los 80 que podrían funcionar como dotación mínima, según estándares internacionales. La gran pérdida doméstica suele darse con las fallas de las piezas sanitarias: basta imaginar lo que pierde un inodoro en mal estado durante un día entero.
El esquema tarifario planteado así genera una lógica perversa. “Subsidia a los más pudientes y perjudica a los más pobres, que no reciben obras para atender sus necesidades”, dice Gabaldón. “Si el Presidente dice que los ricos derrochan el agua, entonces por qué no les cobra lo que vale el servicio”.
En el mundo han desarrollado fórmulas sociales para atender el dilema: “Hay países nórdicos que te regalan los primeros 150 litros de agua diarios, pero si te pasas te castigan duramente”, recuerda Dubois. Otras fórmulas van de la mano del sentido común: cobrar más a quienes pueden pagar más.
Caracas tiene uno de los sistemas de producción y distribución de agua más complejos del mundo, según el consenso de los técnicos. Para la distribución del agua se debe, además, vencer la distancia y la gravedad. Por ejemplo, Camatagua está a 700 metros por debajo de la altura de la capital y a 150 kilómetros. Ello exige la utilización de bombas eléctricas, ahora sometidas a la amenaza de los apagones. Todo ello, sumado a la potabilización en plantas de tratamientos, genera costos subsidiados al ciudadano.
Mal pagada. Cada 8 días María Rodríguez vuelve al tanque de La Bombilla, en Petare, para recargar los envases que guarda en su casa. Aunque la inmensa estructura con capacidad para 17 millones de litros está vacía desde hace 4 meses, hay una pequeña toma de agua de la que se sirven los vecinos. La mujer, de 49 años de edad, usa una manguera de 90 metros para llevar el líquido desde ahí hasta su vivienda. Llena un gran recipiente, introduce un cabo de su “minitubería” y su hija, desde la casa, comienza a succionar.
Lo demás lo hace la gravedad: el flujo no se detiene hasta que Rodríguez retira la manguera.
“Me lo enseñó una vecina, ya no cargo los potes”, dice.
Más abajo, en el barrio 24 de Marzo, un pozo natural ayuda a pasar las penurias por las faltas del servicio: los residentes se proveen allí de lo necesario para mantener el mínimo aseo de los sanitarios. Desde comienzos de año, en Petare el suministro comenzó a hacerse irregular y, con el tiempo, brotaron las acusaciones mutuas de mala gestión por parte de las autoridades del Instituto Municipal de Acueductos de Sucre (IMAS) y de Hidrocapital, del cual depende 70% del suministro de la jurisdicción. Rosa Campos tiene un mensaje claro: “El agua no tiene color, no queremos que se politice esto”. Las nuevas autoridades municipales, en medio del conflicto, desarrollaron obras para captar fuentes que antes se perdían. “Lo principal es aprovechar las quebradas del Ávila”, dice Néstor Baussont, director del IMAS.
Que exista gente con problemas semejantes hace pensar a González sobre la necesidad de auditar la cifra oficial que habla de una cobertura del servicio de agua potable superior a 94%. “Eso no expresa cantidad, continuidad ni calidad, sino sólo el hecho de que una vivienda pueda conectarse a una nueva tubería”. Lo saben los vecinos: muchos viven guerras diarias por el líquido, que pasan inadvertidas para los ojos de quienes pueden abrir el grifo y desperdiciar lo que sale sin problemas de conciencia.
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