Caracas. El Ministerio del Ambiente maneja en sus haberes cerca de 10 grandes zonas verdes en el área metropolitana que están afectadas por las invasiones.
Sergio Rodríguez, viceministro de Ordenamiento Territorial, adelantó que actualmente en esos espacios -ocupados ilegalmente- se hace un análisis técnico para saber si son o no propensos a un reordenamiento de uso.
Se cuidó de decir que este es un tema que aún está en su fase de estudios, “pues decirlo así se puede interpretar como que todas las invasiones van a recibir ayuda”. Aclaró en todo caso que el personal especializado a cargo de la investigación debe definir, en un principio, qué tipo de terrenos son, si son habitables o si, por el contrario, son zonas inestables. Luego, dijo, se hará -con mapas- un plan de reordenamiento y reglamento de uso.
De las hectáreas invadidas, habló de los lotes ubicados en la vía hacia Guarenas y las que están en los primeros kilómetros de carretera con dirección a El Junquito. Con respecto al Bosque de La Rinconada, se refirió que allí hay un programa de rehabilitación y de desarrollo habitacional con la participación de Min-Ambiente.
En el caso de los cerros de la carretera Panamericana, fuentes del Destacamento 57, ubicado en Turmerito, informaron que en los últimos tres años se han iniciado 15 averiguaciones.
“Se trata de 15 invasiones que están denunciadas, pues los bosques de la carretera Panamericana están incluidos en la zona protectora de Caracas desde hace 40 años. De hecho, el daño ecológico es tan grande en esos espacios que ni los perros callejeros deben quedar por allí”.
Peligro para el hombre. Como el ambiente y el cambio climático fue el tema central de la Cumbre de Copenhague 2009, organizaciones como Vitalis instan al Gobierno a hacer cumplir las leyes, pues las invasiones tienen efectos gravísimos sobre la naturaleza y en los seres humanos.
Diego Díaz, biólogo, dijo que las ocupaciones ilegales llevan consigo la deforestación y la destrucción de la capa vegetal y de los reservorios de agua. Adicionalmente, tiene efectos negativos en las personas que se exponen a las enfermedades como la zoonosis, sin contar que están propensas a vivir en zonas de deslizamientos. “El llamado es a no destruir nuestra casa, porque también dañamos el planeta”.
No se puede olvidar
Penas La Ley de Tierras Urbanas prohíbe las ocupaciones ilegales. La invasión es un delito de orden público tipificado en el Código Penal (artículo 471-A) con hasta 10 años de prisión. Toda autoridad (Policía, GN, Cicpc) está obligada por la Ley a aprehender a personas (sean hombres o mujeres) en flagrante comisión de delitos que merezcan privativa de libertad, de acuerdo con el artículo 257 y el Título II del Código Orgánico Procesal Penal.
Rechazo desde arriba El Jefe del Estado, en mayo de 2008, advirtió (de nuevo) que “quien invada una vivienda pierde el derecho a ser atendido en prioridad”. Atrás no se quedó Edith Brunela Gómez, quien fuera en ese entonces ministra de Vivienda y Hábitat, quien repitió que ” el Gobierno venezolano no acepta y mucho menos está de acuerdo con las invasiones de viviendas. El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, nunca ha estado de acuerdo con las invasiones”. Anterior a esas declaraciones, en enero de 2006, el contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, rechazó el proceso de invasiones que se venía escenificando en el país.
Tema de ministros El anterior alcalde de Libertador en 2008 planteó la problemática ante el Consejo de Ministros, y aun así no se efectuaron desalojos.
Fuente: http://www.entornointeligente.com/resumen/resumen.php?items=1009494
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No pueden olvidar: Los invasores Parque Nacional Macarao, Entrada Principal Hacienda La Encantada, Alrededor Hotel Monte Blanco, Mercado Distrubuidor Agricola del Km. 23 Carretera de El Junquito Parroquia El Junko Estado Vargas.
Que las Penas de La Ley de Tierras Urbanas prohíbe las ocupaciones ilegales. La invasión es un delito de orden público tipificado en el Código Penal (artículo 471-A) con hasta 10 años de prisión. Toda autoridad (Policía, GN, Cicpc) está obligada por la Ley a aprehender a personas (sean hombres o mujeres) en flagrante comisión de delitos que merezcan privativa de libertad, de acuerdo con el artículo 257 y el Título II del Código Orgánico Procesal Penal.